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Centralizar decisiones o coordinar acciones entre niveles nacionales

El Presidente de los Estados Unidos de América (EEUU) Donald Trump, manifestó que él será quien tenga la última palabra para decidir cuándo y cómo se terminará el confinamiento de la gente y en qué momento reiniciará la apertura de negocios en los cincuenta Estados de Norteamérica. Según distintos medios, la polémica surge debido a que el actual ocupante de la Casa Blanca parece estar listo para un combate de carácter político (y tal vez legal) con gobernadores republicanos y demócratas. Las respuestas no demoraron en llegar, Andrew Cuomo, Gobernador del Estado de Nueva York, rechazó tal decisión declarando: “No tenemos un Rey, tenemos un Presidente”.

La polémica ha provocado versiones mediáticas que advierten que la decisión presidencial podría estar en contra la Constitución estadounidense. Algunas posturas sostienen que el presidente Trump no tendría facultad para decidir sobre el retorno del funcionamiento de escuelas y otros establecimientos locales, ya que ello sería una prerrogativa de las autoridades locales. En un contexto como el presentado, al momento de analizar un conflicto de estas características, entre poderes de un Presidente y el resto de gobernadores, podemos advertir que la mayor afectado termina siendo la población, ya que trae consigo la confusión respecto de las decisiones que debe acatar: ¿decisiones de la alcaldesa, del gobernador o solo aquellas dictadas por la presidencia del Estado?

Un escenario similar al estadounidense se ha presentado en Bolivia –con las particularidades de nuestro país, por supuesto–; los primeros días en los que se detectaron casos positivos de coronavirus en Santa Cruz y Oruro, estos dos departamentos decidieron declarar cuarentena en sus jurisdicciones a través de sus autoridades locales, decisiones que surgieron antes que la Presidenta del Estado declare cuarentena generalizada en todo el territorio nacional. Pareciera que en el marco de su autonomía, estas entidades subnacionales, se “adelantaron” a las decisiones del gobierno central; del mismo modo, cerca de la finalización del periodo de vigencia de la cuarentena nacional, prevista hasta el 15 de abril –ahora extendida–, las autoridades de Oruro decidieron y manifestaron la extensión del tiempo de cuarentena “solo” en su jurisdicción, antes del comunicado del nivel central del Estado.

De manera similar a la situación en EEUU, en Bolivia, las decisiones de adelantar o retrasar medidas entre jurisdicciones de diversos niveles territoriales han producido desconcierto entre la población. El efecto de medidas sin coordinación  también podría ocasionar el incremento de contagios de Covid-19, ello debido a que en una jurisdicción se materializan medidas drásticas, frente a otro territorio vecino en el que las medidas están ausentes. Esta comparación entre dos países, con dos realidades económicas y sociales diametralmente distintas, con Estados que tienen modelos institucionales muy distintos (uno federal y otro autonómico, como una especie de punto intermedio entre un Estado altamente centralizado y uno federalizado), el boliviano con un sistema institucional que permite, además, que una gobernación, gobierno municipal o autonomía indígena puedan aprobar sus propias leyes (con la misma jerarquía) sobre competencias otorgadas por el texto Constitucional, provoca una disyuntiva importante: parece revelar que ambas naciones, con características tan diferentes, presentan “problemas” similares en cuanto a la aplicación de decisiones institucionales en situaciones de crisis y disputas de poder en torno a lo local y lo nacional.

Amable lector, no estoy insinuando que centralizar decisiones en la presidencia de una nación sea lo óptimo para afrontar esta pandemia, sino que este contexto por el que atraviesa el mundo conlleva a deliberar sobre la evaluación de los modelos de Estado, sean estos  de configuración federal, autonómica o centralizados (estados simples). ¿Qué modelo burocrático funciona mejor en escenarios de crisis? Por supuesto, la gestión de la pandemia y la menor cantidad de decesos en esta dependerán de varios factores: recursos económicos, calidad de los sistemas de salud y medidas de prevención adoptadas; sin embargo, también resulta relevante tomar en cuenta la importancia del análisis y evaluación de los modelos institucionales, será el tiempo el que permitirá estudiar esta hipótesis respecto a aquello que trajo mejores y más ágiles resultados frente desastres epidemiológicos, naturales u otros.

En síntesis, el futuro podrá aclarar si la coordinación intergubernativa de todos los niveles territoriales (nacional y subnacional) es el mecanismo más viable y rápido para la sumatoria de esfuerzos combinados; o en su defecto, sin perder tiempo ni importar el tipo de ordenamiento estatal y territorial, la centralización inmediata de decisiones y acciones es la mejor vía para enfrentar una pandemia u otro tipo de desastres, en especial en momentos donde es vital la prontitud de decisiones y acciones gubernamentales. El tiempo y futuros estudios de caso nos brindarán una respuesta.

Mario Andrés Antezana Pérez

Politólogo

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