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Centralizar decisiones o coordinar acciones entre niveles nacionales

El Presidente de los Estados Unidos de América (EEUU) Donald Trump, manifestó que él será quien tenga la última palabra para decidir cuándo y cómo se terminará el confinamiento de la gente y en qué momento reiniciará la apertura de negocios en los cincuenta Estados de Norteamérica. Según distintos medios, la polémica surge debido a que el actual ocupante de la Casa Blanca parece estar listo para un combate de carácter político (y tal vez legal) con gobernadores republicanos y demócratas. Las respuestas no demoraron en llegar, Andrew Cuomo, Gobernador del Estado de Nueva York, rechazó tal decisión declarando: “No tenemos un Rey, tenemos un Presidente”.

La polémica ha provocado versiones mediáticas que advierten que la decisión presidencial podría estar en contra la Constitución estadounidense. Algunas posturas sostienen que el presidente Trump no tendría facultad para decidir sobre el retorno del funcionamiento de escuelas y otros establecimientos locales, ya que ello sería una prerrogativa de las autoridades locales. En un contexto como el presentado, al momento de analizar un conflicto de estas características, entre poderes de un Presidente y el resto de gobernadores, podemos advertir que la mayor afectado termina siendo la población, ya que trae consigo la confusión respecto de las decisiones que debe acatar: ¿decisiones de la alcaldesa, del gobernador o solo aquellas dictadas por la presidencia del Estado?

Un escenario similar al estadounidense se ha presentado en Bolivia –con las particularidades de nuestro país, por supuesto–; los primeros días en los que se detectaron casos positivos de coronavirus en Santa Cruz y Oruro, estos dos departamentos decidieron declarar cuarentena en sus jurisdicciones a través de sus autoridades locales, decisiones que surgieron antes que la Presidenta del Estado declare cuarentena generalizada en todo el territorio nacional. Pareciera que en el marco de su autonomía, estas entidades subnacionales, se “adelantaron” a las decisiones del gobierno central; del mismo modo, cerca de la finalización del periodo de vigencia de la cuarentena nacional, prevista hasta el 15 de abril –ahora extendida–, las autoridades de Oruro decidieron y manifestaron la extensión del tiempo de cuarentena “solo” en su jurisdicción, antes del comunicado del nivel central del Estado.

De manera similar a la situación en EEUU, en Bolivia, las decisiones de adelantar o retrasar medidas entre jurisdicciones de diversos niveles territoriales han producido desconcierto entre la población. El efecto de medidas sin coordinación  también podría ocasionar el incremento de contagios de Covid-19, ello debido a que en una jurisdicción se materializan medidas drásticas, frente a otro territorio vecino en el que las medidas están ausentes. Esta comparación entre dos países, con dos realidades económicas y sociales diametralmente distintas, con Estados que tienen modelos institucionales muy distintos (uno federal y otro autonómico, como una especie de punto intermedio entre un Estado altamente centralizado y uno federalizado), el boliviano con un sistema institucional que permite, además, que una gobernación, gobierno municipal o autonomía indígena puedan aprobar sus propias leyes (con la misma jerarquía) sobre competencias otorgadas por el texto Constitucional, provoca una disyuntiva importante: parece revelar que ambas naciones, con características tan diferentes, presentan “problemas” similares en cuanto a la aplicación de decisiones institucionales en situaciones de crisis y disputas de poder en torno a lo local y lo nacional.

Amable lector, no estoy insinuando que centralizar decisiones en la presidencia de una nación sea lo óptimo para afrontar esta pandemia, sino que este contexto por el que atraviesa el mundo conlleva a deliberar sobre la evaluación de los modelos de Estado, sean estos  de configuración federal, autonómica o centralizados (estados simples). ¿Qué modelo burocrático funciona mejor en escenarios de crisis? Por supuesto, la gestión de la pandemia y la menor cantidad de decesos en esta dependerán de varios factores: recursos económicos, calidad de los sistemas de salud y medidas de prevención adoptadas; sin embargo, también resulta relevante tomar en cuenta la importancia del análisis y evaluación de los modelos institucionales, será el tiempo el que permitirá estudiar esta hipótesis respecto a aquello que trajo mejores y más ágiles resultados frente desastres epidemiológicos, naturales u otros.

En síntesis, el futuro podrá aclarar si la coordinación intergubernativa de todos los niveles territoriales (nacional y subnacional) es el mecanismo más viable y rápido para la sumatoria de esfuerzos combinados; o en su defecto, sin perder tiempo ni importar el tipo de ordenamiento estatal y territorial, la centralización inmediata de decisiones y acciones es la mejor vía para enfrentar una pandemia u otro tipo de desastres, en especial en momentos donde es vital la prontitud de decisiones y acciones gubernamentales. El tiempo y futuros estudios de caso nos brindarán una respuesta.

Mario Andrés Antezana Pérez

Politólogo

Las autonomías en tiempos de pandemia

El 14 de enero de este año el flamante Director Ejecutivo a.i. del Servicio Estatal de Autonomías – S.E.A., Esteban Ortuño Casson afirmó que la autonomía en Bolivia se hallaba enferma. Cuánta razón en torno al tratamiento que se le dio a la temática autonómica en 14 años de gestión evista, donde el tema fue vilipendiado a partir de un manejo más político que técnico; construyendo una falsa idea de lo que significa autonomía, su implementación y aplicación en la desvencijada estructura estatal.

Sin embargo, el tema no acaba allí pues en tiempos de crisis como la que enfrentamos en esta lucha contra el Coronavirus – COVID 19, se vieron desnudadas las más bajas pasiones y ambiciones políticas de las autoridades subnacionales, demostrando entre otros aspectos, el total desconocimiento de las competencias autonómicas establecidas por la norma fundamental boliviana para los gobiernos autónomos municipales y departamentales; sobre todo, su escasa voluntad de coordinación y trabajo con el nivel central del Estado. ¿Debería sorprendernos esto?

En un país como Bolivia, donde el conocimiento y las razones técnicas siempre tuvieron que esperar en la antesala de las decisiones estratégicas y de índole prioritario, pues el fantasma polítiquero de querer figurar, ser él o la primera en manifestar una decisión de interés para todos, no debería sorprendernos, pues el hecho de que se haya dejado de lado el rediseño de las acciones gubernamentales desde los distintos niveles de gobierno, hacia la autonomía y su gestión desde las distintas competencias y facultades determinadas constitucionalmente, pone en evidencia el escaso o nulo criterio de nuestras autoridades subnacionales para encarar la pandemia hoy vigente en el mundo.

Como ejemplo, vimos el irrisorio tino por parte de la presidente del Concejo Municipal cruceño, quien se tomó atribuciones por demás excesivas a su campo de acción, pretendiendo determinar acciones que se ciñen a lo que se entiende por un Estado de Excepción dentro del municipio cruceño; incluso pretendiendo ordenar al ejército y policía que hagan cumplir su ley municipal de encierro absoluto: lo que se critica no es el tipo de medidas, que podrían estar entre las más prudentes, siendo que ahora estamos en una cuarentena total; sino el hecho de querer imponer, discrecionalmente, acciones que no le competen y de la forma más improlija, constitucional y autonómicamente hablando. Sumado a ello la disposición de abrir ciertos días algunos mercados y en horarios que ella dispone, si bien argumentando que es una competencia exclusiva la materia de mercados, este tipo de disposiciones no se enmarcan en la línea sanitaria establecida por el nivel central del Estado, que ante todo se rige por la materia competencial y políticas de salud.

Recuerde, el amable lector que este tipo de disonancia normativa desde los niveles subnacionales no es novedad ni exclusivamente evidente en Santa Cruz de la Sierra, lo vimos también en la ciudad de Oruro y de Cochabamba; lo cual debe ponernos en alerta respecto a qué se entiende por autonomía en las Entidades Territoriales Autónomas, qué importancia se le da al estudio del derecho autonómico en nuestras universidades y como los abogados ya existentes se preocupan por comprender esta rama del derecho que ha calado hondo en la gestión gubernamental de nuestro país a partir de la vigencia de la actual Constitución.

Tuvimos que esperar a que una pandemia global se manifestara para apuntalar el criterio del actual Director Ejecutivo del S.E.A., se ha enfermado a nuestra autonomía y eso por la dejadez y manipuleo político a la que se la sometió, basta con recordar que la normativa del nivel central del Estado fue re-centralizadora y en muchos aspectos invasiva de las competencias subnacionales, o también el hecho de haber eliminado de un plumazo el Ministerio de Autonomías convirtiéndolo en un accesorio del Ministerio más político dentro de la estructura estatal boliviana: el Ministerio de la Presidencia.

De este modo, pasamos de un problema institucional a uno personal, que en el caso de nuestras autoridades subnacionales ya se convirtió en un cáncer de caprichos que no se ciñen a lo que debería ser en derecho sino a lo que se les ocurra por aparecer en medios haciendo algo. Se debe procurar ejercer responsablemente el servicio público y no conforme a la improvisación. Queda claro que hay mucho por reconstruir institucional, normativa y educacionalmente. Caso contrario, no será la pandemia la única que nos acechará sino el desenfreno de un Estado que no termina de nacer con la visión que fue proyectado: la autonomía como forma de organización, gestión y administración de la cosa pública.

Delmar Apaza López

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