Gestión 2019

Informes Técnicos – UDLC

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1Los acuerdos o convenios adquieren la cualidad de Intergubernativos cuando cumplen dos requisitos básicos: cuando sean suscritos entre gobiernos autónomos o entre estos con el nivel central del estado. Y cuando tienen el objeto de: ejecución conjunta de planes programas o proyectos, transferencia de recursos o bienes para el ejercicio de competencias, conciliación de conflictos competenciales, otros establecidos por ley nacional.
2las conclusiones que se establecen en el informe tienen objetivos internos administativos.
3La enajenación de bienes de dominio público y bienes inmuebles de patrimonio institucional por parte de los gobiernos autónomos municipales deben estar sujetas al procedimiento determinado por la ley 482 modificada por la ley 803.
4El Gobierno Autónomo Departamental de Oruro podrá definir si para los viajes Interdepartamentales que realice el gobernador se requerirá de autorización o la declaratoria en comisión así como establecer si esta figura como ausencia temporal y el procedimiento aplicable ante la ausencia temporal a través de la normativa emitida por el Gobierno Autónomo Departamental.
5Sólo los suscribientes a través de un convenio podrán precisar las condiciones, plazos y otros para lograr fines que ambas entidades persigan. El príncipe de voluntariedad debe regir toda la negociación y suscripción de convenios intergubernativos. El SEA podrá brindar asistencia y apoyo técnico a entidades involucradas en el proceso de coordinación intergubernativa.
6El reglamento interno del personal del gobierno autónomo departamental es de alcance a los ente desconcentrados, sin embargo se recomienda que su elaboración sea previamente coordinada entre sus distintas unidades administrativas incluyendo las entidades desconcentradas y conforme a los lineamientos que establezca el nivel central del Estado mediante normas básicas.
7Para garantizar fortalecer y crear espacios en los que los actores de la participación y control social pueden ejercer este derecho la administración de fondos está a cargo del gobierno autónomo y no así a cargo de terceras personas. Los recursos destinados para el control social deben ser incorporados en los presupuestos institucionales de los gobiernos autónomos y ejecutados por estos. Los representantes del control social no podrían recibir algún tipo de viáticos ya que los mismos no son servidores públicos. Aquellos recursos que antes estaban destinados a los Comités de Vigilancia hoy deben destinarse para garantizar y fortalecer espacios de actores sociales.
8El Servicio Estatal de Autonomías no cuenta con la atribución de realizar una interpretación del artículo 83 de la ley 031, Pero en el marco de la naturaleza del SEA como entidad de consulta, apoyo y asistencia técnica a las entidades territoriales autónomas y el nivel central del Estado en el proceso de la implementación y desarrollo del régimen de autonomías puede realizar un análisis competencial del artículo 83 de la citada ley. En el marco del principio de coordinación que debe regir las relaciones entre los niveles de gobierno la LMAD dispone que los acuerdos y convenios intergobernativos forman parte de los instrumentos de coordinación intergubernamental y son aquellos suscritos entre gobiernos autónomos o estos con el nivel central del Estado para el ejercicio coordinado de sus competencias y la implementación conjunta de proyectos programas concurrentes en el marco de sus competencias.
9Se concluye que si el Centro Terapéutico Recreativo realiza prestaciones de servicios de salud y su funcionamiento opera con recursos o fondos asignados a los gobiernos autónomos municipales del Sistema Único de Salud podría inferirse que esta forma parte de los establecimientos de Salud de Segundo Nivel. Sin embargo en amparo del numeral 39 del parágrafo uno del artículo 302 de la Constitución pPlítica del Estado el gobierno autónomo municipal tiene competencia exclusiva en materia de promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad competencias de la cual puede elaborar proyectos de atención recreación y rehabilitación entre otros.
10Se concluye que: la fiscalización es una facultad ejercida por el Órgano Legislativo al Órgano Ejecutivo con el objeto de hacer seguimiento de la administración así como verificar el uso legal racional y eficaz de los recursos públicos. Además de acuerdo a los principios de separación e independencia de órganos, el Concejo Municipal no tiene la atribución de iniciar procesos administrativos en contra del Alcalde o sancionarlo por lo que ante el conocimiento de presuntas faltas que se enmarquen enlos demás tipos de responsabilidad por la función pública conforme a lo dispuesto por la ley 1178 correspondeá el inicio de acciones ante la instancia competente para que la misma se encarga de determinar la responsabilidad. El Reglamento General y el Reglamento de Ética ambos del Concejo Municipal se constituyen en normas de carácter interno del propio órgano que establece y regula su estructura organizativa y funcionamiento en el marco de sus facultades y atribuciones, asimismo se constituye en un instrumento normativo de alcance interno que sólo podrá ser aplicado a los concejales municipales.
11los acuerdos o convenios adquieren la calidad de intergubernativos cuando cumplen con dos requisitos básicos el primero cuando sean suscrits entre Gobiernos Autónomos o entre estos con el Nivel Central del Estado y en segundo cuando tienen por objeto: la ejecución conjunta de planes, programas o proyectos, transferencia recursos o bienes para el ejercicio de competencias, delegación de competencias en el marco de procesos de movilidad competencial, conciliación de conflictos competenciales y otros establecidos por Ley nacional. La causal primera para la suscripción de acuerdos o convenios intergubernativos no es ineludible a que los mismos se suscriban sobre competencias concurrentes sino que tales acuerdos o convenios pueden suscribirse en el marco de otro tipo de competencia como las exclusivas o compartidas. La concurrencia en este caso debe ser entendida como la coordinación o colaboración de dos o más gobiernos en ejecución de un programa. plan o proyecto.
12La ley 031 en el parágrafo 2 del artículo 89 hace una distribución inicial de responsabilidades a los diferentes niveles de gobierno en el marco de la competencia concurrente “ proyectos de riego “. Por tanto, los convenios intergubernativos que sean suscritos en razón de dicha competencia concurrente cumplen con la excepción establecida en el artículo 5 de la ley 492. Los acuerdos o convenios adquieren la calidad de intergubernativos cuando cumplen con 2 requisitos básicos el primero cuando sean suscrito entre gobiernos autónomos o entre estos con el nivel central del Estado y en segundo cuando tienen por objeto: la ejecución conjunta de planes, programas o proyectos, transferencia recursos o bienes para el ejercicio de competencias, delegación de competencias en el marco de procesos de movilidad competencia, conciliación de conflictos competenciales y otros establecidos por Ley nacional. La causal primera para la suscripción de acuerdos o convenios intergubernativos no es ineludible a que los mismos se suscriba sobre competencias concurrentes sino que tales acuerdos o convenios pueden suscribirse en el marco de otro tipo de competencia como las exclusivas o compartidas. La concurrencia en este caso debe ser entendida como la coordinación o colaboración de dos o más gobiernos en ejecución de un programa, plan o proyecto.
13Si no hubiera una legislación departamental sobre la competencia referida a patrimonio cultural debe quedar claramente establecido que una Disposición Normativa Regional, en el marco de la facultad normativa administrativa del órgano deliberativo sólo puede reglamentar lo dispuesto por la legislación departamental. Eso quiere decir que la Asamblea Regional emite la Disposición Normativa Regional en el marco de la legislación departamental sobre una determinada competencia y por otro lado el Ejecutivo Regional en coordinación con los Ejecutivos de Desarrollo reglamenta la DINORE para su posterior ejecución. De acuerdo al Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco las disposiciones normativas regionales son normas de carácter general y específico en el marco de las competencias del Gobierno Autónomo Regional del Chaco son de cumplimiento obligatorio a partir de su publicación en el ámbito de la jurisdicción territorial, sienod aprobadas por mayoría absoluta del total de los miembros de la Asamblea Regional con excepción de los casos señalados por norma expresa.
14Para el análisis sobre cuál de las leyes municipales que regulan la aprobación, ratificación o rechazo de los convenios y contratos por parte del Concejo Municipal de Trinidad aplica para los contratos suscritos por el Órgano Ejecutivo, se debe tener en cuenta la fecha de suscripción del contrato y al mismo tiempo la vigencia de la ley municipal. No obstante queda claro que ninguna de las leyes municipales citadas establece la posibilidad que los contactos sean aprobados mediante Decreto Edil por parte del Órgano Ejecutivo.
15Reglamentación Ley Nacional
16Transferencia de bienes
17Sobre la resoluciones de recursos jerárquicos en el Estado con autonomías.
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